Las confederaciones hidrográficas están empezando a sacar a subasta los primeros aprovechamientos hidroeléctricos cuyas concesiones han caducado tras cumplir los 75 años de vigencia que marca la legislación. El primer caso se produjo en el año 2016, en el Salto de Caño, en el río Sella (Asturias) y se lo adjudicó EDP. Y el pasado julio se ha producido el segundo, con el lanzamiento de un concurso público para la central de Lugán, en el río Porma (León), que estaba en manos de Iberdrola.
El Observatorio de la Sostenibilidad (OSE) publicó un informe titulado Recuperación de las concesiones hidroeléctricas en España, que incluye una relación de las grandes concesiones del país, repartida por comunidades autónomas. Los datos, facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica, hacen referencia a las explotaciones relevantes, pero no son exhaustivos; hay aprovechamientos muy antiguos y pequeños para los que no hay registros o éstos son muy deficientes.
De acuerdo con el informe, alrededor del 7% de las concesiones hidroeléctricas medidas en volumen de agua -no se hace referencia a su potencia eléctrica- ya ha expirado, con gran disparidad entre unas comunidades autónomas y otras; Cataluña está en cabeza, con el 24%, seguida por Murcia, con el 21%, y Asturias, con el 20%
En el informe, no obstante, no aparecen los dos primeros aprovechamientos hidroeléctricos cuya concesión ha vencido y han salido a pública subasta: el de Caño y el de Lugán, seguramente por sus muy pequeñas dimensiones: 920 kW y 750 kW, respectivamente.
La autorización de Caño es del 6 de noviembre de 1896; pasó por varias manos y su último titular, antes del vencimiento de la concesión, en 2016, fue Hidroeléctrica del Cantábrico (HC). La Autoridad de Cuenca lo sacó a concurso en marzo de ese año y, tras una puja en la que participaron cinco empresas, se lo adjudicó EDP -que compró HC en 2001-, por un período de 15 años. En la actualidad, EDP está esperando a la resolución definitiva de Transición Ecológica para acometer ciertas obras de mejora exigidas por el pliego del concurso -al efecto ya ha contratado a la ingeniería Incenersa- y volver a poner sus instalaciones en marcha, que están paradas desde el año 2015.
En el caso del salto de Lugán, la empresa León Industrial recibió la primera autorización en 1912 y su último titular ha sido Iberdrola. El arranque del expediente de reversión de la instalación comenzó en 2012 y el pasado julio lo sacó a concurso la Confederación del Duero. Hay tres meses para presentarse y la nueva concesión tendrá una duración de 20 años. La planta también está parada desde 2015.
Al vencer una concesión hidroeléctrica, la empresa concesionaria debe entregársela a la Confederación correspondiente en perfectas condiciones. Ésta debe analizar que la instalación cumpla con la legislación ambiental actual, y, posteriormente, debe demolerla por inviable o, si es posible su continuidad, sacarla a subasta para que la vuelva a explotar una empresa privada; sólo en casos muy excepcionales está habilitada para explotarla directamente y esa decisión depende del Gobierno central. Fuente: El Economista
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