Minicentrales hidroeléctricas

En el Diario de León del 16 de diciembre de 2007 se publica un reportaje sobre un nuevo «asalto hidroeléctrico» con 89 minicentrales proyectadas en los ríos leoneses.

En Lugán ya estamos rodeados por dos minicentrales hidroeléctricas en el río Porma, una por encima de Lugán, camino de Viciella y otra llegando a Ambasaguas de Curueño.

La desprotección de los ríos por la inexitencia de planes hidrológicos en las cuencas del Duero y del Norte, actualmente en tramitación, está permitiendo la tramitación de multitud de solicitudes para crear nuevas explotaciones en los principales ríos leoneses, una actividad estancada durante los últimos tiempos cuyo resurgimiento es calificado como «asalto hidroeléctrico» por el profesor Pedro Brufao Curiel, uno de los máximos expertos de todo el país en Derecho del Agua y legislación sobre los recursos hídricos.

Según los datos facilitados por las confederaciones hidrográficas del Duero y del Norte, actualmente se encuentran en tramitación 89 nuevas minicentrales para el aprovechamiento hidroeléctrico, 45 de las cuales se proyectan en las comarcas del Bierzo y la Cabrera y el resto en los ríos que vierten al Duero.

Según la misma fuente, en León operan ya 26 centrales, por lo que de aprobarse las concesiones solicitadas por los promotores privados la presencia de estos miniembalses se cuadriplicaría en la provincia leonesa. Algunas de las minicentrales solicitadas pretenden ocupar los cauces mejor conservados de los ríos, caso del proyecto presentado para el río Alcantarilla, en San Emiliano. Otras no guardarían la distancia mínima recomendable entre minicentrales, como la de Matallana de Torío. Y muchas de ellas quieren levantarse en parajes de un alto valor ambiental y cultural, como la central del Puerto, junto a la ermita de Pruneda.

Pero, ¿son necesarias? La respuesta parece estar en los datos proporcionados por Red Eléctrica Española. El país tiene una potencia eléctrica instalada de unos 59.000 megawatios, mientras que el récord de consumo (marzo del 2004) fue de 37.724 Mwh. Este exceso de capacidad productora se suma al hecho de que León exporta ya alrededor del 80% de la energía eléctrica que produce, la mayor parte de ella procedente de las grandes centrales ubicadas en los pantanos del Porma, Riaño, Luna y Bárcena. Exactamente, el 86,2% de los megawatios que se venden a la red salen de estos embalses, mientras que el resto procede de las minicentrales. Partiendo de que no son esenciales, ¿entonces por qué son tan pretendidas? La clave está en que las ayudas por kilovatio que reciben estas empresas por parte de la Administración al ser calificadas como fuentes limpias o alternativas es el doble de la tarifa normal. Además, los titulares tienen garantizada la venta de toda su producción, puesto que las grandes eléctricas que se reparten el mercado están obligadas a comprar todo lo que se produzca. Eso sin tener en cuenta que la mayor parte de ellas, si no todas, están levantadas sobre dominio público hidráulico, utilizando un ecosistema en beneficio propio. «Es como vender pipas a la salida de un colegio, en el que todos los alumnos están obligados a comprarlas y al precio que yo diga», resume Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura y presidente de la asociación Ríos con vida (www.riosconvida.es). Desde su punto de vista, los ríos leoneses «están sobreexplotados» y existen argumentos suficientes para que las confederaciones no admitan ni una concesión más, sobre todo si se tiene en cuenta que la provincia ya está salpicada por centrales hidroeléctricas de gran envergadura y situadas además en cauces altos.

Plataformas de todo tipo luchan contra el nuevo mapa hidroeléctrico que se dibuja en Vegas del Condado, Cerulleda (Valdelugueros), San Emiliano, Pola de Gordón, Matallana de Torío, Getino -dentro del coto de Felmín- y Rabanal de Luna -en el entorno de la ermita de Pruneda-.

La muralla del Porma. El clamor popular contra la construcción de nuevas minicentrales tiene su paradigma en Vegas del Condado, cuyos vecinos han creado una asociación para denunciar en diversas administraciones su indefensión ante la construcción de una nueva minicentral hidroeléctrica en el río Porma, cuyo proyecto fue tramitado ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) como la rehabilitación y la ampliación del caudal de la central de El Soto, un viejo molino cuya concesión databa de 1914. Se da la circunstancia de que las rehabilitaciones están exentas del trámite de evaluación de impacto ambiental. La promotora resalta este hecho en su proyecto, argumento al que añade que la minicentral «no está ubicada en una zona de sensibilidad ecológica, además de que las tuberías de conducción del agua -tienen 2,2 metros de diámetro- están enterradas y aminoran aún más el posible impacto».

Los vecinos agrupados en torno a la Asociación La Medina de Vegas del Condado han puesto en marcha todos los mecanismos legales posibles y han dirigido escritos a la CHD, al Ayuntamiento de Vegas del Condado y al Ministerio de Medio Ambiente solicitando la paralización inmediata de las obras, reivindicación desoída hasta ahora. La asociación encargó un informe pericial sobre la evolución que ha seguido el proyecto. Este estudio realizado por un ingeniero agrónomo, acompañado de un amplio informe gráfico, detecta varios incumplimientos en las obras ya realizadas respecto al proyecto inicial, por lo que concluye que «es claro que hay que realizar una evaluación de impacto medioambiental». Según los datos obtenidos durante el estudio, las obras ejectuadas «no cumplen con el espíritu del proyecto». La ley que exige la evaluación de impacto ambiental no es de aplicación para los proyectos de reparación relativos a actividades ya existentes, pero en este caso «no se cumple» puesto que la obra se sale del trazado original de la presa y se construyen nuevas cámaras de carga y la tubina. Según este mismo informe, las variaciones de caudal y salto obligan a revisar la licencia de actividad con la que contaba el viejo molino, además de que los terrenos donde se realizan los trabajos no previstos están en suelo no urbanizable de especial protección agropecuaria, con todo lo que ello implica. Una barrera de dos metros Se advierte en este estudio que los canales levantados sobre la superficie (2,2 metros) pueden provocar un efecto barrera y crear inundaciones en el pueblo. Eso sin contar que «hay unas claras obras de drenaje, de que se han realizado viales que no estaban proyectados y desmontes para crear el azud». Además, los dos molinos existentes tenían licencias separadas: una para la concesión del agua y otra para la producción eléctrica.