31 marzo 2007

El ingeniero Arriola

En un artículo de la Crónica de León del jueves, 29 de septiembre de 2.005, se recuerda la operación más espectacular de la guerrilla leonesa con el asesinato del ingeniero Arrila, suceso que ocurrión en las proximidades del caserio de Valderrodezno y que tuvo enorme repercursión.
La operación más espectacular de la guerrilla leonesa cumple hoy 60 años
Por Daniel Álvarez
Los forenses del Cuerpo de Sanidad Militar de León iniciaron octubre de 1945 cargados de trabajo. El día 1 tuvieron que practicar la autopsia al cadáver de un hombre desconocido de entre 28 y 30 años, 1,60 de estatura, bien constituido y vestido con un capote y prendas reglamentarias del ejército. Llevaba anudado un pañuelo de crespón de color verde con lunares blancos y presentaba una herida de bala con entrada por el cuello y salida por la espalda. El proyectil, del nueve largo, le segó la aorta. Tardó menos de cinco minutos en morir.

Dos días después, llegó al depósito del cementerio municipal de León el cuerpo sin vida de otro hombre. De unos 27 años, mostraba signos de haber caminado mucho y de haber estado atraillado por la muñeca izquierda. Un disparo en la frente era su única y fatal herida. Los miembros del equipo que realizaron el informe sí identificaron en este caso al finado «por haberlo conocido en vida». Se trataba de Emilio Zapico Arriola, el ingeniero agrónomo de la Diputación de León y miembro de una de las familias más acaudaladas de la provincia.
Su cuerpo fue hallado en la mañana del 2 de octubre por un labrador cuando iba a echar el agua a un prado en las proximidades del caserío de Valderrodezno, entre Ambasaguas de Curueño y Lugán. El juez municipal de Vegaquemada, que se encargó del levantamiento del cadáver, emitió un informe manuscrito en el que asegura que un familiar del fallecido llegó en compañía del gobernador civil, Carlos Arias Navarro, para identificar al joven Arriola, «el cual, el 28 del pasado septiembre, fue secuestrado por los rojos».

El auto del juez municipal de Vegaquemada y las diligencias de los forenses militares de León forman parte de la causa sumarísima 415/45. Como todas las de la provincia leonesa, se encuentra depositada en el archivo del Tribunal Militar de El Ferrol. El sumario «por el presunto delito de secuestro y asesinato del vecino de esta capital don Emilio Zapico Arriola» contiene más de 500 folios y fue abierto el 1 de octubre de 1945. Como recuerda su primera página, «ocurrió el hecho el 29 de septiembre de 1945».

El secuestro y asesinato de Emilio Zapico Arriola, conmocionó a la sociedad leonesa. La censurada prensa de la época se hizo eco de la muerte pero no de sus causas. Mientras la rumorología iba calmando las ansias de conocer los detalles, el cuerpo sin vida del primer cadáver seguía sin identificarse. Pero la Guardia Civil sabía muy bien hacia dónde dirigir sus pesquisas. De hecho, la pistola del 9 largo que ocasionó la muerte a aquel hombre con capote militar fue la reglamentaria de un capitán de la Comandancia de León: Francisco Martínez Gallo.

Emilio Zapico se encontraba en su caserón de Santibáñez del Porma la noche del 28 de septiembre de 1945. Hacía dos horas que había llegado de Valladolid conduciendo su Fiat Topolino y acompañado de un amigo. Eran las 11 de la noche cuando tres sujetos llamaron a la puerta. La madre de Emilio, Petronila Arriola, se negaba a abrir. Era muy tarde. Pero los visitantes se identificaron como guardias civiles y los cerrojos cedieron. Además de los once criados y los ya citados, se encontraba en la casa la hermana de Emilio, María Asunción Zapico Arriola. Su testimonio en la causa 415 es el más completo.

Según esta declaración, los que irrumpieron en la casa aquella noche eran tres hombres con capotes pardos, «de los cuales dos llevaban gorros de campaña de la Guardia Civil y el tercero como un gorro ruso con orejeras», precisa María Asunción Zapico. Dos de los supuestos guardias se encerraron con Emilio Zapico en su habitación durante media hora. El tercero se quedó fuera con los criados y el resto de los ocupantes de la casa. ¿Así que guardias civiles?... preguntaron al vigilante. Respondió que pertenecían a «una compañía ambulante que anda por Matallana y Pardesivil» pero de forma «confusa y nerviosa». Una vez transcurridos los 30 minutos, los del interior del cuarto mandan entrar a la madre y a la hermana de Emilio. ¿Qué pasa? Se desvela el misterio. «Estos señores piden dos millones de pesetas y llevarme con ellos», dice el joven Arriola. De la declaración de Asunción se deduce que se inició una negociación para evitar por todos los medios que Emilio abandonara la casa, pero uno de los secuestradores zanja la cuestión: «No somos los jefes, pues ha sido condenado por un Tribunal Popular a la multa de dos millones de pesetas para armar al Ejército rojo ya que el Gobierno de la República está al venir». Hacía sólo cuatro meses que los aliados habían derrotado a la Alemania de Hitler en Europa, pero el Gobierno de la República jamás llegaría.

Finalmente, y continuando con el testimonio prestado por Asunción Zapico Arriola, el rescate quedó fijado en un millón novecientas mil pesetas. Las 100.000 restantes, hasta los dos millones, «de regalo para comprar un coche». En otras partes del sumario se habla de 1,8 millones de pesetas. La hermana de Emilio añade que esa cantidad coincidía con el precio en que la familia había apalabrado la próxima compra de una finca en Palencia. ¿Cómo podían los secuestradores conocer ese detalle? La participación en los hechos de miembros del servicio o de personas próximas a la familia es un dato que siempre se ha dado por válido. En la causa 415/45 no se procesa a ninguno de ellos e incluso se precisa que, aunque hay declaraciones contradictorias, no existe base suficiente para implicar a nadie de ese ámbito.

Cuando los tres hombres con capotes abandonaron la casa con Emilio Zapico Arriola era ya la 1 de la madrugada del 29 de septiembre. Convinieron con la madre y con la hermana que hacia las 8 de la tarde de ese mismo día se dirigieran en el automóvil de la familia con el dinero del rescate hacia Lugán. En un punto intermedio en el que les hicieran parar se procedería al canje. Por expresa exigencia de los rojos, las mujeres no salieron hacia su domicilio de Ordoño II de León hasta las 3 de la madrugada. En este punto, las referencias históricas señalan que el banco al que Petronila Arriola reclamó la retirada de 1,9 millones de pesetas denunció el hecho a las autoridades y que gracias a ello se montó un dispositivo para detener a los secuestradores. Entre los documentos del sumario sólo se encuentra un informe del juez instructor, el comandante de artillería Baudilio Rojo Caminero, que alude a que la madre de Arriola «quiso realizar» el pago del rescate pero «no pudo efectuarlo por haber intervenido el Cuerpo General de la Policía».

El resto de los legajos resuelven este apartado señalando que la hermana informó de los hechos a su marido, el comandante de aviación José Antonio Rodríguez Pascual, y que éste lo puso en conocimiento del gobernador civil, como se ha dicho, por aquel entonces, Carlos Arias Navarro, el mismo que 30 años después anunciaría en televisión la muerte de Franco.

Sea como fuere, lo cierto es que, tal como continúa reseñando el juez «ya enterado de este hecho el jefe de Orden Público de esta provincia planeó para que por fuerzas de la Guardia Civil se efectuase un servicio, basado en simular la entrega del dinero convenido y dar captura a los malhechores, pero según consta en la declaración del capitán de la Guardia Civil don Francisco Martínez Gallo surgieron ciertas dificultades y todo ello dio un resultado contrario a lo que se esperaba».

El informe de la Guardia Civil no especifica si dos de los integrantes del cuerpo que participaron en aquella operación se vistieron de mujeres como asegura el historiador Secundino Serrano en La guerrilla antifranquista en León y recrea Julio Llamazares en Luna de lobos. Todas las fuentes dan por hecho que al menos el capitán Gallo se disfrazó de la madre de Arriola. Lo que sí está documentado es que se metió en el coche de la familia con otros cinco agentes: un brigada, un sargento, un cabo primero y dos guardias segundos. Francisco Martínez Gallo relata en su informe que en el punto kilométrico 25 de la carretera Puente Villarente-Boñar, a la altura de la finca Carrizal, les mandó parar un individuo vestido de guardia civil que levantaba un subfusil en la mano. Creyó que formaba parte del dispositivo. El sujeto, que llevaba un capote, amagó con encarar su arma nada más acercarse a la ventanilla y de advertir el engaño. El capitán Gallo reconoce que le disparó con su pistola reglamentaria del nueve largo. De inmediato, desde la parte izquierda de la carretera, les respondió una andanada de fusilería y armas automáticas, lo que obligó a los guardias a bajarse del coche y a apostarse en la cuneta «sosteniendo un tiroteo hasta que decidieron, en vista de su inferioridad, marchar hacia el próximo pueblo de Lugán, de donde regresaron con más fuerza, haciendo un reconocimiento por el teatro del hecho y apreciando huellas de sangre sin encontrar cadáver alguno por la oscuridad de la noche y la espesura del matorral».

Como se ha señalado, en los días siguientes, a falta de uno, acabarían apareciendo dos cadáveres. Al otro lado del río Porma, a unos 500 metros del lugar del tiroteo, el de Arriola con un disparo en la frente y el otro, que vestía un capote del ejército y tenía una herida en el cuello, tapado con maleza, a unos 20 metros de la carretera. El hombre anónimo no sería identificado como Francisco Suárez Salvador, alias El Químico, hasta un año y medio después, fecha en la que tres de los implicados en el secuestro fueron detenidos. Sólo sabían, por la declaración de Asunción Zapico Arriola, que era uno de los secuestradores que entró en la casa de Santibáñez del Porma. En un primer intento para dar nombre a aquel cuerpo se hizo comparecer el 2 de octubre de 1945 a Benito Ferreras Díez, hermano de Inocencio y de Manuel, ambos compañeros del finado en el monte. «Es llevado al depósito donde se encuentra el cadáver del atracador muerto por el encuentro habido con la fuerza pública y dice no conocerle y no haberle visto nunca (no obstante y al decir estas frases se le nota muy excitado y con los ojos húmedos) y el señor juez le pregunta ¿Qué te ocurre? y el contesta que nada», se señala textualmente en la declaración de Benito Ferreras que obra en el sumario.

El noreste de la provincia de León concentraba casi desde la caída del frente asturiano de la guerra civil, en octubre de 1937, tres grupos de maquis compuestos por excombatientes del ejército republicano que quedaron colgados en los montes. A diferencia de lo que ocurriría en el Bierzo, nunca llegaron a formar una verdadera organización guerrillera. Es lo que Secundino Serrano denomina «guerrilleros sin guerrilla». Su carácter mayoritariamente anarquista y el escaso apoyo de una población tradicionalmente de derechas, les relegó casi exclusivamente a la mera supervivencia a la espera de poder huir o de una hipotética intervención de las potencias aliadas en España. Una de las partidas estaba liderada por los hermanos Arias, Amable y Casimiro Fernández Arias, y su centro de operaciones se situaba en la zona de La Vecilla. Otra, estaba dirigida por Ramiro de Cabo Arenas, Ramirón, y posteriormente por Calixto López Abad. Actuaba en el área de Sabero. La tercera, comandada por Fermín San Pedro Casado se situaba en el entorno de Matallana de Torío.

Un auto del juez Baudilio Rojo, fechado el 10 de septiembre de 1946, un año después de los hechos, declara en rebeldía a 18 personas. Aparecen en la requisitoria los nombres de todos los que según la información de la Guardia Civil integran las partidas de Sabero y La Vecilla. Se acusa a ambos grupos al completo de la autoría del secuestro y asesinato de Arriola. De este modo, se dio la paradoja de que el magistrado ordenó la busca y captura de Francisco Suárez Salvador, muerto a manos de la propia Guardia Civil en el tiroteo de la carretera de Lugán hacía un año y al que aún no habían logrado identificar con acierto, y, lo que aún es más sorprendente, de Ramiro de Cabo Arenas, Ramirón, que se había retirado del monte en 1941 y fallecido poco después de muerte natural.

El procedimiento del caso Arriola es suspendido y archivado el 17 de octubre de 1946 a la espera de la detención de los autores. La causa no volverá a abrirse hasta el 19 de febrero de 1947. Dos circunstancias motivaron este hecho. El 3 de enero de ese año fueron detenidos en una casa de Manzaneda de Torío Higinio Nicolás Bayón, El Italiano, uno de los integrantes de la partida de los Arias que aparecía en la lista de los implicados, y Aureliano Suárez Robles. El 8 de febrero, corrieron idéntica suerte Secundino Rodríguez Díez, El Practicante, y Manuel Ferreras Díez, en una casa de Saldaña (Palencia). Ambos eran del grupo de Sabero pero sólo el último figuraban en el elenco de buscados. No así El Practicante, que acabará siendo acusado de cabecilla del secuestro por la confesión de sus compañeros y, en parte, por la suya propia.

El primero en confesar fue Higinio Nicolás Bayón. Gracias a ello, por fin se identifica el cadáver de El Químico y se pone nombre y apellidos a los presuntos autores del secuestro de Arriola: Calixto López Abad, Inocencio Ferreras Díez, Amable Fernández Arias, Benjamín Roza Argüelles y los ya aludidos Francisco Suárez Salvador, Secundino Rodríguez Díez, Higinio Nicolás Bayón y Manuel Ferreras Díez. Ocho hombres a los que las declaraciones de Secundino Rodríguez y Manuel Ferreras incluyen un noveno: Senen Rodríguez Arias, El Campesino, que, sin embargo, no aparece como encausado en el sumario 415/45. En la declaración del primer capturado, Higinio Nicolás, no se cita a El Campesino.

Este es uno de los pocos detalles en que difieren las confesiones de los tres detenidos, que siempre se inician con la fórmula de «convenientemente interrogado». Según éstos, la operación se preparó en septiembre en la llamada cueva de Vozmediano, un chozo que aún se mantiene en pie en las proximidades de este pueblo del municipio de Boñar. Tras decidir que la persona idónea para el secuestro era Emilio Zapico Arriola, los ocho o nueve integrantes del grupo iniciaron al oscurecer del 27 de septiembre de 1945 la marcha a pie hacia Santibáñez del Porma. Pasaron el día 28 en el caserío de Carrizal para emprender camino nuevamente al anochecer hacia el caserón de los Arriola, en Santibáñez del Porma.

Los tres hombres que entraron a por el ingeniero fueron Calixto López Abad, Francisco Suárez Salvador e Inocencio Ferreras. El resto quedó fuera vigilando. Volvieron sobre sus pasos, ya con Arriola, y al anochecer del 29 de septiembre se dividieron en dos grupos para recibir el rescate. Calixto López Abad, Benjamín Roza, Manuel Ferreras, Secundino Rodríguez y El Campesino, en caso de ser citado, se quedaron con Arriola en unos montes próximos al otro lado del río Porma. Amable Fernández Arias, Inocencio Ferreras e Higinio Nicolás bajaron al valle con Francisco Suárez, que se situó al lado de la carretera disfrazado de guardia civil con un subfusil en la mano, a la espera de la llegada del coche con el dinero. Tras el conocido tiroteo, la muerte de El Químico y la retirada de los agentes camuflados sonó un último disparo. El cadáver de Emilio Zapico Arriola quedó tendido en el lugar en que fue encontrado por un labrador dos días después. Manuel Ferreras señala claramente en su declaración que fue Calixto López Abad quien mató a Arriola. Higinio Nicolás y Secundino Rodríguez eluden identificar al autor. Los posteriores informes judiciales acusan a López Abad como presunto autor del asesinato.

El consejo de guerra contra los detenidos Secundino Rodríguez, Higinio Nicolás y Manuel Ferreras se celebró en el cuartel del Cid de León el 27 de febrero de 1947. Según el acta del juicio, Secundino Rodríguez no pudo asistir a la vista y el tribunal tuvo que desplazarse al botiquín para preguntarle si tenía algo que añadir. «Este, desde su lecho, donde yace por no poder ponerse en pie, dado su estado de gravedad, dice que no». Previamente, se ha explicado el motivo por el que El Practicante se encuentra en la enfermería asistido por dos médicos: «Una pérdida de sangre que tuvo en la madrugada de hoy al intentar suicidarse con las esposas».

La sentencia se emitió el mismo día de la celebración del consejo de guerra. Los tres detenidos fueron condenados a muerte y a indemnizar solidariamente a los Arriola con 30.000 pesetas. Un documento del Gobierno Militar de León, fechado el 6 de marzo de 1947 y encabezado por las palabras «reservado y urgente», informa de que se han designado las 5,30 horas del día siguiente para proceder a la ejecución de los condenados. Secundino Rodríguez, Higinio Nicolás y Manuel Ferreras recibieron garrote vil en el patio de la prisión de la plaza del Espolón el 7 de marzo de 1947. El secuestro de Arriola, por cuyo rescate se habían pedido cerca de dos millones de pesetas, se acabó cobrando cinco vidas.

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